Metodología*

La importancia política de una ley no sólo está determinada por sus características, la forma en que se tramita o el impacto que genera en la opinión pública, sino también por la dimensión que asume el choque de intereses entre el gobierno y la oposición.

Desde esta perspectiva, una ley es importante cuando representa algún tipo de interés para el gobierno. Obviamente, la pregunta central de este ejercicio de ponderación consiste en determinar para quién es importante la norma. Las diferentes respuestas que podría darse a esta pregunta, ofrecerían rangos de ponderación diversos. Si se considerara como sujetos de atribución de importancia a los grupos sociales, las empresas, los sindicatos o los partidos políticos, los parámetros de evaluación de la importancia variarían. Sin embargo, aquí se privilegia la lógica del conflicto político y en especial el interés del gobierno, ejercido por el Poder Ejecutivo.

Convenimos entonces que podrían formularse dos tipos ideales de ley. Una de alta importancia que: a) es propuesta por el Poder Ejecutivo; b) sus objetivos tienen un alcance superlativo; c) su tramitación provoca una gran repercusión pública; d) genera un gran debate en el Legislativo y e) su votación final es dividida. Otra de baja importancia, que: a) es propuesta por el Legislativo; b) sus objetivos demuestren un alcance puntual o forma l; c) su tramitación no tiene repercusión en la opinión pública; d) su tramitación carece de debate parlamentario, y; e) su votación final se resuelve por la unanimidad de componentes de la Cámara.” Desde esta perspectiva, el Índice de Importancia Política se construye a partir de la medición de cinco indicadores: i) origen; ii) alcance; iii) repercusión; iv) debate; y v) votación. El siguiente cuadro muestra presenta los rangos de variación del IIP.

Buscando cuantificar la variación de los indicadores, se atribuye un valor 1 a la variación positiva (o en el sentido de la alta importancia) y un valor 0 a la variación negativa (o en el sentido de la baja importancia). La sumatoria de los valores expresados por cada indicador arroja un valor que llamaremos «índice de importancia de la ley».

Este índice puede variar entre 0 y 5 y genera seis posibles registros de importancia (0, 1, 2, 3, 4, 5). En consecuencia, los tipos de ley ideal reseñados (de alta y baja importancia) constituyen dos polos extremos de un continuo dividido en seis registros, donde podrán ser cómodamente ubicadas todas las leyes sancionadas durante el período.

Simplificando el análisis, los seis registros serán reducidos a tres categorías de análisis: baja importancia (0 y 1), mediana importancia (2 y 3) y alta importancia (4 y 5), tal como se resume en la siguiente tabla:

La clasificación de las leyes en tres categorías a partir de un índice que puede adoptar seis valores diferentes, fortalece la tipificación en la medida que ningún criterio aislado es determinante para la ubicación de una ley en un casillero. De este modo, ninguna ley deja de ser importante por el hecho de haber tenido iniciativa en el Poder Legislativo o por haber sido votada por unanimidad.

Un ejemplo de puntaje perfecto lo constituye la «Ley de Ingreso al MERCOSUR» con valores 1 en las cinco dimensiones. Ejemplos de ley de alta importancia política con valor 4 es la «Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado» (Nº 15.848), que pierde un punto por ser propuesta por los senadores del Partido Nacional. Lo mismo ocurre con el “Régimen de Amnistía de Presos Políticos” (N°15.737), que fue presentada por legisladores del Frente Amplio. Por tanto, el índice busca establecer el grado de importancia política de las leyes a partir de diferentes dimensiones asociadas al proceso de aprobación de las mismas y sirve para formarnos una idea sobre el nivel de productividad política de cada gobierno.

Una revisión de la literatura sobre el tema puede encontrarse en Barcena 2019.

* Tomado del “Estudio sobre la Producción Legislativa en Uruguay”, Lanzaro, Jorge, Daniel Buquet, Daniel Chasquetti y Juan Andrés Moraes. Programa de Evaluación de la Producción Legislativa en Uruguay. 1985-2000. Convenio Poder Legislativo- Universidad de la República