Producción Legislativa

Proyectos de Ley presentados según legislatura (1985-2020)

Proyectos de Ley presentados según poder y legislatura (1985-2020)

Proyectos de Ley presentados según partidos y legislatura (1985-2020)

Leyes sancionadas según legislatura (1985-2020)

Leyes sancionadas según poder y legislatura (1985-2020)

Leyes sancionadas según partidos y legislatura (1985-2020)

Tiempo que insume aprobar una ley (1985-2020)

Los proyectos de ley de urgente consideración en Uruguay

¿Qué son los proyectos de ley de urgente consideración? , ¿cuán frecuente ha sido su uso por parte de los presidentes?, ¿qué buscan los proyectos de urgente consideración tipo ómnibus?

Desde la Constitución de 1830, el Poder Ejecutivo cuenta con la potestad de presentar proyectos de ley ante el Parlamento. Este precepto no es tan obvio en los sistemas presidencialistas puesto que el modelo originario estadounidense nunca concedió esa facultad a sus presidentes. En Uruguay, todas las constituciones mantuvieron la regla pero la reforma de 1967 introdujo la posibilidad de que el Ejecutivo envara proyectos de ley de urgente consideración (PUC) que deben ser tratados dentro de un plazo estipulado  y en caso de no hacerlo, el proyecto se convierte automáticamente en ley (1). Sanguinetti y Pacheco Seré calificaron a esta disposición como “un mecanismo de aprobación tácita” pues el proyecto queda aprobado tal cual lo presentó el Poder Ejecutivo si no existe un pronunciamiento parlamentario (2).

Las reglas básicas que determinan su tratamiento son:

  • la cámara que recibe el proyecto cuenta con cuarenta días para tratar el proyecto; la segunda cámara con treinta; si la segunda modifica el proyecto, la primera tendrá quince días para opinar sobre las modificaciones; si las diferencias entre las cámaras subsisten, la Asamblea General deberá resolver el conflicto en un plazo de diez días;
  • cualquiera de las cámaras puede levantar el carácter de urgencia del proyecto por una mayoría de 3/5 de sus miembros;
  • si el Parlamento está tratando un PUC, el Poder Ejecutivo no podrá enviar otro proyecto;
  • los proyectos presupuestales no pueden ser presentados bajo esta modalidad por tener sus propias reglas de aprobación tácita.

El mecanismo de urgencia legislativa fue diseñado en una coyuntura histórica muy concreta. Uruguay era gobernado por un colegiado que lucía inoperante a la hora de enfrentar la crisis que sufría el país (estancamiento, inflación, movilización social, etc.). Los partidos políticos, por otra parte, se encontraban fuertemente fraccionalizados como resultado de la renovación forzada de liderazgos (habían fallecido Herrera, Batlle Berres, Nardone y Gestido) y mostraban una muy frágil cohesión en el Parlamento. Como lo han manifestado algunos de sus redactores, la Constitución de 1967 buscó rediseñar el gobierno en Uruguay procurando fortalecer al Poder Ejecutivo a partir del retorno de la figura del presidente y la creación de reglas e instituciones que favorecieran el ejercicio de su autoridad. Por esa razón se establecieron nuevas áreas de políticas públicas de iniciativa legislativa exclusiva del Ejecutivo (jubilaciones y pensiones, precios de la economía, creación de empleo público, etc.), se creó el Banco Central, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Servicio Civil, y se diseñó el mecanismo de los PUC.

Inspirados en la Constitución gaullista de 1958, que sacó a Francia del impasse gubernativo en que naufragó durante una década y media, los reformistas uruguayos idearon el PUC como un dispositivo orientado a reducir los costos de transacción que provocaba un parlamento dominado por partidos fraccionalizados y carentes de disciplina. Imponer un plazo para el tratamiento del proyecto a partir del ultimátum de la aprobación automática, era visto como una solución para los problemas de acción colectiva derivados de una asamblea balcanizada.

La evidencia empírica

Lamentablemente, no contamos con información sobre la frecuencia de uso de este dispositivo durante el período 1967-1973. Sin embargo, contamos con información muy precisa para el período 1985-2019. El cuadro 1 muestra que durante las últimas siete legislaturas (1985-2019) sólo 13 proyectos fueron enviados con el rótulo “urgente consideración”. Esta pequeña cifra representa apenas el 0,003% del total de proyectos presentados por el Poder Ejecutivo durante el período (3.732). De esos 13 proyectos, 9 fueron aprobados y 4 rechazados.

PUCs

Las cuatro votaciones negativas obedecen a diferentes razones. En su primera administración, el presidente Sanguinetti no logró aprobar un PUC relativo a la amnistía de funcionarios militares y policiales involucrados en violaciones de derechos humanos entre 1963 y 1985. En julio de 1986, una mayoría de senadores del Partido Nacional y del Frente Amplio sepultaron el proyecto de ley, generando un período de incertidumbre sobre el tema que solo se cerraría con la aprobación de la Ley de Caducidad en diciembre de 1986 y la realización del referéndum sobre la ley, en abril de 1989.

El presidente Lacalle Herrera fracasó en la aprobación de la mitad de los PUC que envío al parlamento. Consiguió aprobar la desmonopolización de los seguros y la modificación de una serie de impuestos a poco de culminar su mandato, pero no pudo sancionar dos proyectos relativos a la seguridad social.

Finalmente, el presidente Mujica envió un PUC que declaraba el interés general por la permanencia en sus cargos de los aviadores de la Fuerza Aérea y Fuerza Aérea Naval, que estaban abandonando sus plazas para emigrar hacia compañías aéreas privadas que ofrecían mejores salarios. En esa oportunidad, la Cámara de Senadores desechó el proyecto enviado por el presidente por entender que una norma similar había sido aprobada en la Rendición de Cuentas 2011. El miembro informante en el plenario fue el senador suplente Hebert Clavijo del MPP.

Por tanto, si descartamos este último caso, podemos ver que los PUC que salieron adelante fueron en general aprobados en situaciones donde el presidente contaba con un respaldo parlamentario importante -primeros años del período de gobierno de Lacalle, Batlle y a lo largo del gobierno de Mujica-. Esta situación contradice la intención de los reformadores de la Constitución que idearon el mecanismo para favorecer precisamente a presidentes minoritarios. Esa tal vez sea la razón por la cual los presidentes uruguayos utilizan tan poco los PUC, dado que durante la mayor parte del período han existido mayorías -de partido o coalición- que apoyaba al presidente.

Los PUCs tipo ómnibus

Como el lector habrá apreciado, en general los PUCs han sido utilizados para aprobar temas sustantivos de la agenda de los gobiernos. La amnistía a los militares era una medida que el presidente Sanguinetti había concebido como parte de su plan de pacificación del país (era una ley espejo de la amnistía a los tupamaros, aprobada en 1985). La desmonopolización de los seguros o la reforma del régimen de seguridad social eran puntos importantes de la agenda de reformas estructurales del presidente Lacalle. La creación del MIDES  y el Plan de Emergencia eran temas centrales del programa del Frente Amplio cuando llegó al gobierno en 2005. La unificación del cobro de las patentes de rodado en todo el país, era el resultado de una larga negociación entre el presidente Mujica y el Congreso de Intendentes que requería un rápido trámite legislativo que contaba con la promesa del voto de todos los partidos.

Sin embargo, hay tres PUC que no pueden ser caracterizados de ese modo porque presentan una naturaleza legislativa diferente. Nos referimos a tres leyes de urgencia que contenían una diversidad grande de temas y que la literatura politológica denomina “leyes ómnibus”. Nos referimos a la ley de modificación de impuestos enviada por Lacalle en agosto de 1994 y a las dos leyes de urgencia presentadas por Jorge Batlle durante su primer año de gobierno.

Los Legislative Studies consideran que las omnibus bills son piezas legislativas inconvenientes para la democracia porque impiden un tratamiento parlamentario adecuado (3). El tema ha sido largamente debatido en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, donde aparecieron las primeras leyes ómnibus, llegándose a la conclusión de que las decisiones que se toman por esta vía, restringen las posibilidades de un debate adecuado. Dado que una sola norma apunta a modificar el statu quo de varias políticas públicas a la vez, el análisis profundo y meditado por comisiones especializadas se vuelve improbable. Corrientemente, las leyes ómnibus viajan por las cámaras como paquetes que los legisladores nunca terminan de abrir. Desde luego, esta situación empeora si se agrega el mecanismo de la urgente consideración pues a las dificultades estructurales para discutir cada tema, se agrega el problema de los plazos legislativos. O sea, la combinación de una ley ómnibus con la urgente consideración, vulnera las exigencias mínimas de calidad del Poder Legislativo.

Vale señalar que la Constitución uruguaya de 1967 creó un mecanismo de esta naturaleza para la aprobación del Presupuesto general de gastos y las Rendiciones de Cuentas (ley ómnibus con plazos de vencimiento y aprobación tácita), generando un proceso presupuestario donde el Parlamento participa de forma asimétrica y sin condiciones para realizar una revisión adecuada de los textos (4).

En la experiencia reciente, encontramos que el PUC presentado por Lacalle Herrera en su último año de gobierno, rebajó el Impuesto a los Semovientes, aumentó el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, modificó el impuesto a los vehículos gasoleros y estableció facilidades de pago -a pocos meses de las elecciones- para los deudores del BPS. O sea, eran cuatro leyes individuales que fueron tramitadas como un paquete gracias a un exitoso acuerdo entre el Herrerismo, el pachequismo y los sectores batllistas de Sanguinetti y Batlle.

Los PUCs de Batlle son los casos más complejos de nuestra muestra. Sus contenidos eran todavía más heterogéneos que los del PUC de Lacalle y fueron aprobados con votos de la coalición del Partido Colorado y el Partido Nacional. El primero, que llevaba el nombre de “Mejora en los servicios públicos y privados, seguridad pública y actividades productivas”, refería a más de treinta políticas públicas diferentes: modificación de aportes patronales; exoneraciones impositivas para el agro; incentivos a las pequeñas y medianas empresas; normas de defensa de la competencia; incentivos al crédito; introducción de la informática en la educación; normas relativas a la política portuaria y de ferrocarriles; normativas de racionalización de las empresas públicas, el Poder Judicial, la Caja de Profesionales, CONAPROLE y el escalafón policial; descentralización territorial; fondos de ahorro provisionales; sociedades comerciales; seguridad ciudadana; modificaciones a la legislación penal (rapiñas, hurto, legítima defensa, etc.); normas de identificación civil; y creación del Ministerio de Deportes.

El segundo PUC de Batlle tenía el nombre de “Mejoras  a la Administración Pública y Fomento al Empleo” apuntaba a más de veinte políticas públicas distintas: fomento del empleo; fiscalización parlamentaria de las sociedades comerciales de los entes autónomos; normas concursales; licencia especial para quienes adopten menores; viviendas para pasivos; propiedad horizontal; RAVE; registro de aeronaves; importación gas natural; sanciones para la violación de diversas disposiciones sanitarias; normas para la zonas francas; clubes deportivos; CONAPROLE; etc.

Los análisis de coyuntura señalan que la estrategia desarrollada por Jorge Batlle era hija de la necesidad (5). Las coaliciones de gobierno en Uruguay no sobreviven a los cinco años del mandato (la excepción sería la de Sanguinetti – Volonté, 1995-2000) por lo cual su rendimiento efectivo, en términos de producción de decisiones gubernativas, tiende a ser acotado. , Jorge Batlle pudo haber considerado que un PUC de tipo ómnibus podía ser un mecanismo óptimo para mejorar el rédito de la coalición y reducir los costos de transacción que suponía el envío de múltiples proyectos. En otras palabras, era preferible enviar un gran paquete legislativo y negociar con sus socios una única vez, que enviar una decena de proyectos y reiniciar la discusión cada vez que uno de ellos iba a ser tratado. La estrategia resignó calidad en el debate parlamentario a cambio de eficacia legislativa (modificó de un plumazo un número grande de políticas).

El Frente Amplio no necesitó recurrir a este tipo de estrategias debido a la fortaleza legislativa de sus gobiernos. Es probable que tras la aprobación de los dos PUCs iniciales de Vázquez (MIDES y PANES), los gobernantes hayan comprendido que una mayoría partidaria que controla el poder de agenda de las cámaras, volvía innecesaria cualquier otro tipo de estrategias.

 


Notas

  1. Constitución de la República Oriental del Uruguay, artículo 168, inciso 7.
  2. Sanguinetti, Julio Ma. y Álvaro Pacheco Seré (1970). La nueva Constitución. Montevideo: Editorial Arca.
  3. Louis Massicotte (1993) “Omnibus Bills in Theory and Practice” en Canadian Parliamentary Review. Ver en http://revparl.ca/36/1/36n1_13e_Massicotte.pdf
  4. Moraes, Juan Andrés, Daniel Chasquetti y Mario Bergara (2009). “The Political Economy of the Budgetary Process in Uruguay”, en Hallerberg, Mark, Carlos Scartascini y Ernesto Stein (org.) Who Decides The Budget? A Political Economy Analysis off the Budget Process in Latin America. Cambridge: Harvard University Press. pp.165– 197.
  5. Chasquetti, Daniel (2001). “Actividad parlamentaria en el año 2000” en Caetano, Gerardo (ed.), A un año de gobierno del Presidente Batlle. Informe de Coyuntura N°1. pp. 22 -30, Montevideo: Editorial Trilce.

Supervisión Legislativa: la interacción de diputados y ministerios

Los legisladores en Uruguay cuentan con variadas herramientas institucionales para supervisar la actividad del Poder Ejecutivo. Una de las más utilizadas es el pedido de informes a los ministerios, entes autónomos y concejos descentralizados, cuyo fin consiste en escribir preguntas acerca de la actividad desarrollada por el gobierno. A diferencia de los llamados a sala de ministros (interpelaciones), la activación del pedido de informes no requiere de una votación en el plenario de las cámaras. Los legisladores redactan preguntas que se presentan a título personal en el plenario que sin discusión tramita rápidamente a sus destinatarios. Por esa razón, los pedidos de informes se cuentan por miles a lo largo de la legislatura y no sólo permiten conocer cuánto fiscalizan los legisladores sino también cuáles son las estrategias personales y colectivas y sobre todo, cuáles son las políticas públicas con mayor resistencia o conflicto.

Entre el 15/02/2015 y el 01/04/2019, se cursaron 3.587 pedidos de informes, cifra muy superior a los promedios históricos. El gráfico 1 compara el número de PDI presentados en cada legislatura desde la recuperación de la democracia al presente. Como podrá observarse el record histórico se registró en el período crítico 2000-2005 (3.981 pedidos de informes), pero la actual legislatura (a falta de un año) se encuentra muy cerca de ese registro.

Por su naturaleza, el pedido de informe es una herramienta institucional típica de la oposición. Sólo el 9% de los pedidos de informes presentados en la actual legislatura fue redactado por legisladores del Frente Amplio. Los legisladores del Partido Nacional presentaron el  58% y los del Partido Colorado el 28%.

histórico
Comparativo pedidos de Informes 1985-2019 según legislatura

 

La literatura  ha mostrado que con frecuencia los legisladores escriben piezas legislativas (proyectos, pedidos de informes, notas escritas, minutas, etc.) con el objetivo de cultivar electorados específicos (Chasquetti & Micozzi 2013). Por ejemplo, los diputados que desean ser Intendentes centran su actividad parlamentaria en torno a la situación de sus departamentos. Sin embargo, pese a la evidencia que sostiene esa tesis, entendemos que los legisladores combinan en su actividad múltiples objetivos. En este trabajo analizamos esa misma evidencia empírica desde la perspectiva del objetivo de la supervisión del gobierno.

A los efectos de comprender el funcionamiento del proceso supervisión a través de la escritura de pedidos de informes , hemos realizado un examen de redes que incluye a las interacciones registradas entre 54 diputados -los que presentaron al menos 10 pedidos de informes- y 15 organismos dependientes del Poder Ejecutivo (13 ministerios más OPP y ONSC). El estudio abarca un total de 2.487  pedidos de informes escritos por los legisladores y 1.710 respuestas brindadas por los organismos de gobierno. [1]

Para analizar la información y obtener una distribución espacial de los actores en un plano, aplicamos el algoritmo Force Atlas 2 del programa Gephi 0.92.1. La figura 1 muestra a todos los componentes de la red distribuidos según la intensidad y frecuencia de sus vínculos. Las aristas (líneas) indican las interacciones y su grosor está determinado por el número de pedidos de informes cursados y el número de respuestas recibidas. Los nodos (círculos) representan a los actores de la red y su tamaño revela el grado  de interacción que desarrollan. Las distancias entre los nodos (diputados y ministerios) está determinada por la intensidad de los vínculos que desarrollan (mayor interacción, mayor proximidad).

Algunos ministerios (color rosado) aparecen como los principales actores de la red pues son receptores y emisores. Los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Salud Pública (MSP) e Industria, Energía y Minería (MIEM) son los tres mayores, seguidos por los Ministerios de Educación y Cultura (MEC), Interior (MIN) y Economía y Finanza (MEF).  Los diputados se distribuyen en función de la intensidad de las interacciones que desarrollan con los ministerios (presentación de pedidos de informes y recepción de respuestas). Su ubicación espacial -más cerca o más lejos de determinados ministerios- indican sus preferencias al momento de supervisar al Poder Ejecutivo. Los colores indican la filiación partidaria de los diputados (FA en amarillo; PN en celeste; PC en rojo; PI en violeta; PG en verde; AP en naranja).

El tamaño de los nodos de Martín Lema (PN), Nibia Reisch (PC), Guillermo Facello (PG), Eduardo Rubio (UP), Andrés Arocena (PN), Pablo Abdala (PN) y José Satdjian (PN) revela un intenso intercambio de estos diputados con los ministerios.

P&R_Party
Red de interacción de diputados y ministerios según pertenencia partidaria

 

Comunidades de interacción

Para analizar la lógica de los procesos de supervisión basados en las preguntas y respuestas, hemos aplicado un estadístico de modularidad con el objetivo de encontrar subredes ordenadas según las características de sus vínculos. Una alta modularidad indica la existencia de conexiones sólidas entre nodos pertenecientes a una misma subred y conexiones escasas respecto a otros nodos pertenecientes a otras subredes [2]

Los resultados del examen muestran la existencia de seis subredes determinadas por las preferencias de expresadas por los propios actores (los diputados que preguntan y los ministerios que responde). O sea, dos diputados de diferente partido que deciden supervisar al mismo ministerio y que para ello escriben preguntas con relativa frecuencia, deberían pertenecer a una misma subred de supervisión. El programa Gephi asigna colores a los grupos por defecto, independientemente de la pertenencia partidaria de cada diputado o ministro. Esta perspectiva permite detectar “comunidades de interacción” compuestas por diputados y ministerios.

La figura 2 muestra la existencia de 6 subredes caracterizadas por el predominio de determinadas políticas relevantes: educación, economía, políticas sociales, trabajo, seguridad y medio ambiente. En cada comunidad aparece uno o varios ministerios que “dialogan” con varios legisladores a través de los dispositivos institucionales de control.

P&R_Module
Red de interacción de diputados y ministerios según subredes de interacción

 

Las subredes 2 y 3, relativas a políticas sociales y el mundo del trabajo, son las que presentan los mayores niveles de interacción, además de contar con un números elevado de actores. Mientras el módulo 2 cuenta con 3 organismos de gobierno y 12 diputados, el módulo 3 está integrado por 4 organismos y 13 diputados. La subred 4, relativa a la seguridad, es el que presenta el menor número de interacciones pese a contar con 3 organismos y 10 diputados (ver cuadro 1 y gráfico 1).

cuadro 1

 

Graph_Subredes
Nivel de interacción según subredes

 

Una segunda observación al grafo se vincula con la relación entre las preferencias de supervisión de los diputados y la comisión permanente que integran. La Cámara de Representantes cuenta con un sistema de comisiones permanentes entre cuyos cometidos está el “controlar las políticas públicas del gobierno”. Según el Reglamento de la Cámara, cada diputado puede integra una sóla comisión, aunque eventualmente puede participar en comisiones especiales creadas con fines legislativos y en comisiones investigadoras. Por tanto, deberíamos esperar cierto alineamiento entre las preferencias individuales de supervisión y la comisión permanente que los diputados integran.

El examen muestra que la mayoría de los diputados no alinean sus preferencias con el organismo que integran. Sólo 21 de los 54 diputados (38%) ajustan sus pedidos de informes a la jurisdicción de su comisión. Si se asume que los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación no tienen una política pública de referencia y que por ello pueden orientar sus indagatorias hacia cualquier otro ámbito, los alineados ascienden a 27, o sea, la mitad.

Este modelo más o menos abierto de supervisión del Poder Ejecutivo no parece generar conflictos mayores -basados en la invasión de jurisdicciones- entre los diputados como tampoco, los organismos supervisados parecen ser sensibles a esas superposiciones[3].  Los miembros de las comisiones de Turismo y de Seguridad Social de la Cámara son los más inclinados a invadir otras áreas de supervisión, en tanto los miembros de la comisión de Educación son los más ajustados a la política pública de referencia.

Seis subredes de interacción

La subred 0 tiene como centro de supervisión a las políticas educativas. Allí se encuentran el Ministerios de Educación y Cultura (MEC), cuatro diputados pertenecientes a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes: Susana Montaner (PC), Graciela Bianchi (PN), Mario García (PN) y Sebastián Sabini (FA). También en esta subred hay dos diputados provenientes de comisiones con otras jurisdicciones: Gustavo Penadés (PN) de la Comisión de Hacienda y Álvaro Dastugue (PN) de la Comisión de Seguridad Social. Como lo muestra el grafo, ambos diputados se encuentran en posiciones periféricas al núcleo formado por los otros cuatro.

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Subred 0. Políticas Educativas

 

La subred 1 está centrada en las políticas económicas del gobierno y está integrada por los Ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Transporte y Obras Públicas (MTOP). De los once diputados involucrados en esta comunidad, cuatro pertenecen a comisiones con  jurisdicciones típica: Jorge Gandini (PN) de la Comisión de Hacienda, Sebastián Andújar de la Comisión de Presupuestos, y Juan José Olaizola (PN) y Adrián Peña (PC) de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas.  Los otros siete diputados que son miembros de otras comisiones son Gerardo Amarilla (PN) y Nelson Rodríguez (PN)de Legislación del Trabajo; Nicolás Olivera (PN) de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente; Daniel Peña (PG) de Asuntos Internacionales; y Carlos Rodríguez Gálvez (FA) de Defensa Nacional. La subred modular está integrado por el nodo -muy marginal- de Marcelo Bacigalupe (PN), suplente del diputado Pablo Abdala (PN), miembro de la Comisión de Constitución y de la Especial de Población y Desarrollo. Mientras el MEF interacciona fuertemente con N. Rodríguez, Olivera, Amarilla, A. Peña y D. Peña; el MTOP se vincula principalmente con Olaizola, Andujar y A. Peña.

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Subred 1. Políticas económicas

 

La subred 2 se enfoca en las políticas sociales y de salud y está integrada por los Ministerios de Desarrollo Social (MIDES), Salud Pública (MSP) y la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). Los diputados presentes en este módulo son Martín Lema (PN), Nibia Reisch (PC) y Mabel Quintela (PN) de la Comisión de Salud Pública; las diputadas Cecilia Eguiluz (PC) y Gloria Rodríguez (PN) de la Comisión de Derechos Humanos; y el diputado Daniel Radío (PI) de la Comisión Especial de Desarrollo Social y Población [4]. La aparición de la ONSC en esta subred obedece a que Lema, Reisch y G. Rodríguez solicitaron 8 de los 25 pedidos de informes que ese organismo respondió. Mientras el MSP se vincula fuertemente con Radío, Reisch, Quintela y Lema; el MIDES lo hace con Lema, G. Rodríguez y Eguiluz.

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Subred 2. Políticas Sociales

 

La subred 3 está centrada en las políticas laborales e industriales  e incluye a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e Industria, Energía y Minería (MIEM). También aparecen en este módulo el Ministerio de Turismo (MTUR) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), arrastrados por el número de pedidos de informes solicitados por los diputados presentes en la subred [5]. Amin Niffouri (PN) y Walter Verri (PC), miembros de la Comisión de Industria y Energía, y Constante Mendiondo (FA) miembro de la Comisión de Turismo, son los únicos diputados que pertenecen a comisiones ajustadas a las políticas supervisadas. Los restantes 10 pertenecen a comisiones orientadas hacia otras políticas públicas: Pablo Abdala (PN), Darcy de los Santos (FA), Rodrigo Goñi (PN) y Pablo Iturralde (PN) son miembros de la Comisión de Constitución; Conrado Rodríguez (PC) de la Comisión de Hacienda; Enzo Malán (FA) de la Comisión de Educación; y Felipe Carballo (FA) de la Comisión de Transporte. El noveno diputado no congruente es José Satdjián, suplente de Martín Lema, miembro de la Comisión de Salud Pública. Mientras el MTSS tiene en su órbita de interacción a Abdala, Satdjián, Carballo, C. Rodríguez, Matiaude, Goñi y Mendiondo; el MIEM también tiene a Abdala y Satdjián, más los diputados Iturralde, Malán, de los Santos, E. Rodríguez y Niffouri.

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Subred 3. Políticas laborales e industriales

 

La subred 4 se especializa en políticas de seguridad, defensa y relaciones exteriores. Entre sus miembros están los Ministerios del Interior (MIN), de Defensa Nacional (MDN) y de Relaciones Exteriores (MRREE), así como los diputados Jaime Trobo (PN) y Tabaré Viera (PC) de la Comisión de Asuntos Internacionales ,y Gonzalo Novales (PN) de la Comisión de Defensa Nacional. Los restantes diputados pertenecen a comisiones no vinculadas explícitamente con el control de dichas políticas: Ope Pasquet (PC) de la Comisión de Constitución;  Valentina Rapela (PC) de Asuntos Internos; Mario Ayala (PN) de Presupuestos; Gerardo Núñez (FA) de Legislación del Trabajo; y Ruben Bacigalupe (PN) de Turismo [6]. El diputado que más interactúa con el MREE es Trobo, quien a su vez, junto a Núñez son los que más interactuaron con el MDN. Rapela, Pasquet, Ayala, Bacigalupe y Viera interactuaron fuertemente con el Ministerio del Interior.

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Subred 4. Políticas de seguridad y relaciones exteriores

 

La última subred número 5 se enfoca en los políticas de vivienda, medio ambiente y agro, y los ministerios implicados son el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y  Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Entre los nueve diputados que actúan en esta comunidad, tres son miembros de comisiones ligadas a la supervisión de esas políticas: Eduardo Rubio (AP) y Andrés Arocena (PN) de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente; y Alejo Umpiérrez (PN) de la Comisión de Ganadería. Los restantes seis pertenecen a comisiones cuya jurisdicción no coincide con las políticas supervisadas:  Elizabeth Arrieta (PN) y Andrés Carrasco (PI) de la Comisión de Turismo; Cecila Eguiluz (PC) de la Comisión de Derechos Humanos; Edgardo Mier (PN) [7] de la Comisión de Salud Pública; Omar Lafluf (PN) de la Comisión de Hacienda; y Guillermo Facello (PG) de la Comisión de Defensa.  Mientras el MVOTMA tuvo una fuerte interacción con Arocenta, Facello y Rubio, y en menor medida con Carrasco y Ezquerra;, el MGAP tuvo a Lafluf, Arocena, Mier y Umpiérrez como centros de interacción.

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Subred 5. Medio ambiente y políticas agropecuarias

 

Montevideo, 31 de mayo de 2019

 

 


Notas:

[1] Los pedidos de informes de nuestra muestra representan el 69% del total de pedidos enviados durante el período 2015-2019 y el 68% de las respuestas. Quedaron fuera los pedidos de informes y respuestas a otros organismos y todo lo actuado por la Cámara de Senadores.

[2] La modularidad compara el número de enlaces dentro de un grupo con el número esperado de enlaces del grupo si la red fuera completamente aleatoria, con el mismo número de nodos y donde cada nodo mantiene su grado determinado por el azar. Por tanto, la modularidad es la proporción de enlaces que caen dentro de grupos dados menos el valor esperado que dicha proporción hubiese recibido si los enlaces se hubiesen distribuido al azar. Al respecto, ver http://ars-uns.blogspot.com/2013/11/ars-101-modularidad.html

[3] Las tasas de respuestas a los diputados alineados con su comisión es apenas dos puntos porcentuales mayor que las de los no alineados (69% contra 67%).

[4] El diputado Daniel Radío pertenece también a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara.

[5] En el caso del Ministerio de Turismo, los diputados de este subgrupo solicitaron 14 de los 35 que integran la muestra; en el caso de la OPP, solicitaron 22 de los 43.

[6] También aparecen aquí los diputados suplentes Alejandro Brause y Ernesto Carreras, cuyos  titulares  pertenecen a comisiones que tampoco coinciden con la política supervisada: Graciela Matiaude (PC) de la Comisión de Seguridad Social y Gloria Rodríguez (PN) de la Comisión de Derechos Humanos.

[7] El diputado del PN por el departamento de Treinta y Tres, Edgardo Mier, renunció a su banca el 12/09/2017.

Tasa de Eficacia Legislativa del PE: 66% (Diciembre de 2018)

La tasa de eficiencia del Poder Ejecutivo (TEPE) mide la relación porcentual entre el número total de proyectos presentados por este poder y las leyes sancionadas. Los datos publicados corresponden al último día del mes.

Diciembre de 2018

(Mes #46 de la 48º Legislatura)

66%

de los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo fueron aprobados

Telpe 46

TELPE 46_A

Como podrá apreciarse, luego de un 2017 de estancamiento (debido a la pérdida del voto 50 y de la crisis en torno al ex Vicepresidente Raúl Sendic, la tasa de efectividad se ha recuperado rápidamente durante el año 2018

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El control parlamentario sobre el Poder Ejecutivo en el 2017

El 2017 ha sido un año inusual y contradictorio en materia de control parlamentario del Poder Ejecutivo. Luego de mucho tiempo, en el Parlamento han funcionado comisiones investigadoras sobre cuatro temas: Planta Regasificadora de Puntas de Sayago; gestión de ASSE; vínculo entre partidos y empresas que financiaron campañas; las actividades de inteligencia militar desarrolladas en democracia. Esta novedad recibió gran cobertura de los medios de comunicación lo cual contribuyó a que los temas se mantuvieran en la agenda pública durante varios meses.

Sin embargo, el Parlamento no acompañó estas novedades con un despliegue similar de los mecanismos institucionales de supervisión del gobierno. Se realizaron pocas interpelaciones (sólo dos), los llamados a ministros en régimen de comisión general fueron varios pero casi todos quedaron circunspectos a la Comisión Permanente, y los pedidos de informes, si bien aumentaron, no se aproximaron al record histórico (2002). Las políticas de salud, medio ambiente, educación y seguridad fueron las más escrutadas por los legisladores pero curiosamente, un asunto crítico como el tema del agro, fue escasamente tratado.

Como ocurre siempre, los legisladores de la oposición fueron los que más utilizaron los mecanismos de control destacándose el despliegue desarrollado por la diputada de colorada de Colonia, Nibia Reich, y la dupla nacionalista Martín Lema (titular de la banca) y José Satdjián (su suplente).

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Los ministros en el Parlamento

Interpelaciones de Ministros

Entre el 1° de marzo de 2017 y el 1° de marzo de 2018, el Parlamento uruguayo realizó tan sólo dos interpelaciones lo cual supone un registro muy inferior al del promedio histórico de un tercer año de la legislatura (ver gráfico 1). Los interpelados fueron la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñóz, por la situación de la enseñanza (a cargo del senador Pablo Mieres) y el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, por la situación de la democracia en  Venezuela (a cargo del diputado Ope Pasquet).

En los tres años de la presente legislatura se realizaron 15 interpelaciones, dos menos que idéntico período de la legislatura anterior (2010-12) y una más que en la legislatura 2005-07. Los ministros Eduardo Bonomi (MI) y Rodolfo Nino Novoa (MRREE) y la ministra Marina Arismendi (MIDES) lideran el ranking de convocatorias con dos interpelaciones cada uno. El Ministerio de Defensa Nacional también recibió dos interpelaciones pero una fue realizada al fallecido ministro Fernández Huidobro y la otra al actual ministro, Jorge Menéndez. Los ministros Danilo Astori (MEF), Jorge Basso (MSP), Ernesto Murro (MTSS) y las ministras Carolina Cosse (MIEM) y Eneida De León (MVTOMA) fuero interpeladas una vez.

En el gráfico 2 puede observarse que en los tres períodos donde la izquierda gobernó, el número de interpelaciones es sensiblemente mayor que en las legislaturas donde el gobierno estuvo en manos de los partidos tradicionales.

Supervisión G1

Supervisión G2

Llamados a sala de ministros en régimen de comisión general

El llamado a sala de ministros en régimen de comisión general es una práctica habitual de la vida parlamentaria, sobre todo a partir de la recuperación democrática de 1985. Los reglamentos de ambas cámaras habilitan al plenario a sesionar en régimen de comisión general a los efectos de discutir temas específicos sin tomar una decisión final. La convocatoria a los ministros se vota por mayoría de presentes, lo cual exige necesariamente el concurso del partido mayoritario de gobierno. Para los ministros, participar en un debate en régimen de comisión general tiene un riesgo menor que en una interpelación pues el debate se cierra sin que la cámara emita un juicio sobre las respuestas vertidas por el gobierno.

En el año 2017, se realizaron 5 llamados a sala de ministros en régimen de comisión general. En una primera ocasión, fueron convocados los ministros Astori, De León, Rossi y Cosse para analizar las negociaciones en torno a la planta de celulosa que construiría UPM. Posteriormente, Astori fue convocado para analizar la reestructura del BROU y Cosse para discutir acerca de la planta regasificadora de Puntas de Sayago. Más tarde, ambos ministros fueron convocados a la Comisión Permanente para responder sobre el aumento de tarifas en el mes de diciembre, sin embargo, por diferentes razones, ambos enviaron a sus subsecretarios. Cosse se encontraba de viaje en China y Astori prefirió acompañar al Presidente de la República en la reunión con las gremiales realizada el día 29 de enero.

En total hubo 8 presencias de ministros (y subsecretarios) en el Parlamento por esta modalidad, cifra muy superior a la observada en el tercer año de las últimas dos legislaturas (6 en 2012 y 3 en 2007).  Es probable que el alto número de comparecencias en sala en régimen de comisión general sea la contracara del modesto número de interpelaciones observadas este año.

Si comparamos el número de llamados a sala de ministros en régimen de comisión general durante los primeros tres años de cada legislatura, observaremos que el volumen es bastante similar al de los períodos previos. También notamos que la Comisión Permanente –organismo que dirige el Poder Legislativo durante el receso parlamentario- es el ámbito más utilizado para poner en práctica este procedimiento. Es probable que los partidos entiendan que la Comisión Permanente es una instancia institucional adecuada para discutir en profundidad políticas públicas importantes y ello puede obedecer a que el debate se realiza entre un número pequeño de actores en un período –el verano- donde la política no es tan central en la agenda pública.

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Pedidos de Informes

Durante el año 2017, el Parlamento cursó un total de 846 pedidos de informes de los cuales 397 recibieron respuesta de parte de los ministerios (47%).  Esta cifra es sensiblemente más alta que en el tercer año de las dos legislaturas anteriores (620 en 2007; y 614 en 2012) pero inferior a la última legislatura donde el gobierno estaba en manos del Partido Colorado (1.047 en 2002). En 2017, 110 legisladores (titulares y suplentes) hicieron uso del pedido de informe como herramienta de contralor, cifra superior a la de los años 2007 y 2012 (86 y 84 legisladores, respectivamente) y muy similar a la de 2002 (109 legisladores).

Los ministerios más interrogados en 2017 fueron los de Salud Pública (14%); Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (12%); Educación y Cultura (11%) e Interior (10%). Los Ministerios vinculados con la economía y la producción, recibieron una menor atención de parte de los legisladores: mientras el Ministerio de Economía y Finanzas concentró sólo el 6% de los pedidos de informes, el de Industria, Energía y Minería recibió el 8%, y el de Ganadería, Agricultura y Pesca únicamente el 4%. En total fueron enviados pedidos de informe a 41 dependencias estatales.

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El 85% de los pedidos de informe se originó en la Cámara de Representantes (721) y sólo el 15% en el Senado (125). Mientras en la cámara baja hicieron uso del recurso 65 diputados titulares y 15 suplentes, en la cámara alta sólo utilizaron los pedidos de informes 14 senadores titulares y 2 suplentes.

Aproximadamente un tercio de los pedidos de informe de la Cámara de Representantes fue presentado por tan sólo cinco diputados (240). Nibia Reisch, representante colorada por Colonia, lideró el ranking con 63 pedidos de informes, seguida por el diputado nacionalista Martín Lema y su suplente, José Satdjian con 57 y 56 respectivamente. En el Senado, Luis Lacalle Pou aparece primero con 20 pedidos de informes, seguido por Carol Aviaga y Pedro Bordaberry con 14.

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En 2017 al igual que en años anteriores, el instituto del pedido de informe fue monopolizado por los legisladores de la oposición. En la Cámara de Representantes, el 85% de las solicitudes fueron realizadas por legisladores opositores, en tanto en el Senado esa cifra ascendió al 98%. El Partido Nacional lidera el ranking con 504 pedidos de informes, seguido por el Partido Colorado con 180. El principal objetivo de ambos partidos fue el Ministerio de Salud Pública (66 y 33 pedidos respectivamente). El tercer lugar lo ocupa el Frente Amplio con 109 pedidos de informe; su principal objetivo ha sido la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Defensa Nacional (8 pedidos dirigidos a cada uno). El legislador del Frente Amplio que más utilizó este dispositivo fue el diputado comunista por Montevideo, Gerardo Núñez, con 18 pedidos de informe (décimo en el ranking general de la cámara baja).

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(In)Eficacia del Poder Ejecutivo

En el informe final del año pasado, decíamos que con la ruptura del diputado Gonzalo Mujica con el FA “debería esperarse un deterioro de la tasa de eficacia en la tramitación de la agenda del Poder Ejecutivo. Al carecer de una mayoría estable, algunos proyectos del gobierno pasarán pero otros no. Para resolver el dilema, la bancada de gobierno deberá negociar y ello insumirá tiempo”. Por tanto, también “debería  esperarse un retraso general en el tiempo promedio de duración del trámite legislativo. Las negociaciones que buscan ajustar preferencias suelen ser el principal factor de retraso”.

Para comprobar si ese pronóstico se cumplió proponemos analizar la tasa de eficacia legislativa del Poder Ejecutivo (TEPE). Esta medición consiste en calcular el ratio entre las leyes sancionadas y los proyectos enviados por ese poder. Para comprender la evolución de esa tasa, hemos realizado el cálculo cada vez que un proyecto de ley es presentado y cada vez que una ley resulta aprobada. Afortunadamente, el Programa de Estudios Parlamentarios cuenta con una amplia base de datos que permite construir una serie histórica del índice. Los gráficos 4, 5, 6 y 7 muestran la evolución de la TEPE en los primeros tres años de las últimas cuatro legislaturas.

G4 & G5

G6 & G7

Como puede verse, la TEPE evoluciona de manera bastante parecida durante los dos primeros años de cada una de las cuatro legislaturas. Sobre el final del segundo año, la TEPE supera la línea de 50% lo cual supone que uno de cada dos proyectos del gobierno reciben sanción. No obstante, en el siguiente año, la TEPE asciende al 60% en todas las legislaturas salvo en la actual, donde permanece estable entorno al 54%. Esto quiere decir que si bien el proceso legislativo no se frenó, sí se enlenteció el ritmo de producción de decisiones legislativas del gobierno. Como sabemos que los proyectos del Ejecutivo siguieron ingresando a un ritmo constante -incluso se presentaron más que en 2016- (1) la explicación más plausible consiste en que el estancamiento de la TEPE responde a una severa disminución del ritmo de aprobación de las cámaras. Dicho de otro modo, el Parlamento continuó recibiendo proyectos del gobierno y aprobando leyes pero a un ritmo más lento de lo que lo venía haciendo. Ello se debe al costo que insumen las negociaciones entre legisladores oficialistas y legisladores de la oposición, el cual se mide en tiempo. Si el Parlamento hubiera dejado de aprobar normas, se debería haber observado una caída del TEPE (ello se ve únicamente en el mes de agosto de 2017), pero ello no ocurrió. El valor constante de la tasa está entonces vinculada a la pérdida de la mayoría en la Cámara de Representantes y sus consecuencias en materia de negociación y consumo de un recurso finito como es el tiempo de la Cámara.

El gráfico 8 muestra que el tiempo que insume aprobar una ley en el primer año (de las últimas tres legislaturas) es algo superior a los tres meses; y en el segundo año, de aproximadamente unos ocho meses. Los registros del tercer año, sin embargo, son diferentes en los tres casos observados, aunque el apartamiento mayor es sin duda el de la actual legislatura. Las leyes de 2017 insumieron para su aprobación once meses en promedio (337 días), o sea, cincuenta y cinco días más que las aprobadas en 2007 y noventa y cinco días más que las aprobadas en 2012.

G8

Estos datos muestran que el proceso legislativo del año 2017 ha sido más trabado y negociado que antes. La pérdida de la mayoría parlamentaria obligó a la bancada del FA a modificar sus expectativas y a establecer nuevas estrategias para evitar que sus proyectos quedaran varados en comisiones. Ello implicó negociar con la oposición sin imponer condiciones además de estar predispuestos a renunciar a ciertos objetivos con el fin de aprobar leyes.

El ejemplo emblemático de esta situación tal vez  se la aprobación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes en agosto de 2016. Durante ese trámite, el proyecto enviado por el Ejecutivo sufrió numerosas modificaciones, sobre todo en la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto, que contaba con 18 miembros pero que sólo la mitad respondían al FA (al cambiar de bando Gonzalo Mujica, se modificó la correlación de fuerzas habitual de 10 a 8). El esfuerzo realizado por los principales negociadores del FA (entre los que destacaron Alejandro Sánchez y el coordinador de la bancada y presidente de la Comisión, Jorge Pozzi), posibilitó que el proyecto avanzara pero para ello el oficialismo debió renunciar a tratar casi una treintena de temas que serían desglosados y se convertirían en proyectos de ley a la espera de un futuro tratamiento (2).

 

Notas

1. En 2015, el Poder Ejecutivo envió 159 proyectos (incluye los desarchivados); en 2016, 94 proyectos; y en 2017, 103.

2. Entre los temas incluidos en la Rendición que debieron ser resignados para que el proyecto llegara al plenario, destacan la modificación al régimen de zonas francas, modificación al régimen de erradicación de la violencia doméstica, la aplicación del rifle sanitario para los animales en la vía pública, tarifas de preferencia y uniformes para los barcos de pesca artesanal, modificación al régimen de cooperativas, contrato entre la Dirección de Casinos y la empresa Hípica Rioplatense, normas relativas al FONDES, transferencia de padrones para el Mides, MGAP y MEC, tasa impositiva para las mercaderías en tránsito, modificaciones al Código General del Proceso, modificación de la bonificación que reciben las Pymes, modificación de las tasas postales, modificación de las normas de uso de medios de pago electrónicos, modificaciones al régimen de retención de haberes,  modificación del régimen de construcción de viviendas, etc..

Eventos donde la pérdida de la mayoría hizo una diferencia

El año sin mayorías legislativas provocó una serie de eventos políticos de gran importancia que mostraron con claridad el impacto del cambio. A continuación se presenta una breve lista de los principales sucesos con una mínima descripción.

16/11/2016. Comisión investigadora sobe la planta regasificadora de Gas Sayago. El diputado nacionalista Pablo Abdala presenta una serie de denuncias sobre la licitación de la planta. El FA se opone y pierde la votación (50 a 49). Sin embargo, consigue que una mayoría en la comisión (6 en 11 miembros)

16/02/2017. Interpelación al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Al cierre de la interpelación realizada por el diputado colorado Germán Cardoso, el FA propuso una proeycto de declaración final donde se expresaba la satisfacción con las respuestas del Ministro. Sin embargo, por vez primera en trece años, el resultado de la votación fue negativo para el FA. A cambio, la Cámara votó, a propuesta del diputado disidente Gonzalo Mujica, una declaración donde se cuestionaba la política de seguridad (los resultados obtenidos no guardan relación con los recursos invertidos y el esfuerzo realizado).

15/03/2017. Comisión investigadora sobre la vinculación de empresas con la financiación de las campañas electorales. El diputado del FA Daniel Caggiani propone investigar los eventos vinculados con Cambio Nelson. Sin embargo, al carecer de mayorías la Cámara, a propuesta del Partido Colorado, decide crear una Comisión que investigue a cuatro empresas: Fripur S.A., Camvirey S.A. (Cambio Nelson), Aire Fresco S.A., Minitar S.A. (Agencia La 10) y CUTCSA. La comisión queda integrada con 15 miembros de los cuales 7 le corresponden al FA.

09/08/2017. Comisión investigadora sobre la Gestión de ASSE y la presunta estafa al FONASA. El diputado Eduardo Rubio (AP) propone crear una comisión investigadora para estudiar las denuncias sobre ASSE y FONASA. El FA estuvo de acuerdo pero perdió la votación sobre la integración de la comisión (quedó en minoría, 4 miembros en 9) y sobre el nombre de la comisión (pretendía que dijera irregularidades en lugar de estafa).

 

El retorno de la mayoría legislativa

En el mes de setiembre de 2017 ocurrieron dos hechos de singular importancia para el futuro del proceso legislativo. El día 9 , Sendic renunció a la Vicepresidencia de la República (y por ende, a la Presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores), y el día 13, Mujica renunció a su banca de diputado. Sendic fue sustituido por la senadora del MPP, Lucía Topolansky, y Gonzalo Mujica por su primera supelente, la diputada del MPP, Bettiana Díaz. Ambos hechos resultaron relevantes para la bancada parlamentaria del Frente Amplio.

Lucía Topolansky es una experimentada legisladora (ingresó al Parlamento como diputada en el año 2000) que, a diferencia de su antecesor, conoce muy bien el trabajo parlamentario y cuáles son las funciones política que el Presidente de la Asamblea General debe cumplir en tanto agente del gobierno en la conducción del Poder Legislativo.  El último tramo de Sendic en ese cargo, estuvo marcado por el deterioro de su relación con los líderes de la oposición y su permanente aislamiento. Topolansky llegó al cargo con el objetivo de modificar la situación política en la cámara alta y dinamizar el proceso legislativo. En un reciente reportaje dijo: “me comprometí con el Presidente a sacar adelante una serie de proyectos (…) pedí un informe sobre los proyectos que estaban en comisiones y con los coordinadores de bancada y las Secretarías de las Cámaras, hicimos una planificación…” (1).

El ingreso de la diputada Díaz por Mujica supuso el hecho de que el FA nuevamente volvería a ser mayoría en la en la Cámara de Representantes y que el MPP recuperara una banca que había perdido a mediados de 2015 cuando el diputado abandonó el sector y se sumó a la bancada de diputados de Asamblea Uruguay.

Por tanto, ambos hechos terminan por fortalecer a la bancada del FA ya que uno garantiza mayoría en la cámara baja y otro, la conducción general del cartel legislativo a partir de las prioridades legislativas del gobierno. El último trimestre del año ofrece buenos ejemplos acerca de cómo esta nueva situación impacta sobre los resultados legislativos. El trabajo coordinado y planificado de la bancada del FA -no sin discusiones y disputas internas-, permitió la aprobación de la ley de feminicidio, la de riego agrícola, la cuota de sexos para la próxima elección y la ley de erradicación de la violencia de género. También posibilitó la media sanción de proyectos de ley complicados como el de financiamiento de los partidos políticos, el derecho al ejercicio del voto en el exterior o el que permite la desafiliación al régimen jubilatorio previsto en la ley N°16.713, conocido popularmente como ley de cincuentones.

En suma, dada las condiciones generadas luego de los cambios del mes de setiembre, deberíamos esperar que en el próximo año el Parlamento revitalice su ritmo de producción parlamentaria y que el gobierno alcance importantes éxitos legislativos. Sin embargo, ello ocurrirá siempre y cuando el voto número cincuenta no vuelva a transformarse en un problema para el partido de gobierno. Lo experiencia que deja la ruptura del diputado Gonzalo Mujica y las diferencia internas en el partido de gobierno pueden ambientar nuevas situaciones donde la mayoría legislativa esté en juego. Estaremos atentos (2).

Notas 

1. Entrevista de Emiliano Cotelo en Canal 12. Ver http://www.enperspectiva.net/home/lucia-topolansky-sobre-jose-mujica-no-le-doy-permiso-para-ser-candidato-a-presidente/

2. Deberá prestarse especial atención al comportamiento del diputado del FA por Maldonado, Darío Pérez.  En declaraciones a diferentes medios de prensa ha afirmado que no está dispuesto a votar determinados proyectos de ley que el gobierno espera su pronta aprobación (por ejemplo, impuesto a las jubilaciones militares) y ello podría constituir un nuevo problema para el FA, bastante parecido al generado por Gonzalo Mujica. El diputado Pérez ya había marcado su posición disidente en oportunidad del tratamiento de la ley presupuestal de 2015, cuando junto al diputado Mier evitaron la aprobación de al menos dos artículos del proyecto.