El 2017 ha sido un año inusual y contradictorio en materia de control parlamentario del Poder Ejecutivo. Luego de mucho tiempo, en el Parlamento han funcionado comisiones investigadoras sobre cuatro temas: Planta Regasificadora de Puntas de Sayago; gestión de ASSE; vínculo entre partidos y empresas que financiaron campañas; las actividades de inteligencia militar desarrolladas en democracia. Esta novedad recibió gran cobertura de los medios de comunicación lo cual contribuyó a que los temas se mantuvieran en la agenda pública durante varios meses.
Sin embargo, el Parlamento no acompañó estas novedades con un despliegue similar de los mecanismos institucionales de supervisión del gobierno. Se realizaron pocas interpelaciones (sólo dos), los llamados a ministros en régimen de comisión general fueron varios pero casi todos quedaron circunspectos a la Comisión Permanente, y los pedidos de informes, si bien aumentaron, no se aproximaron al record histórico (2002). Las políticas de salud, medio ambiente, educación y seguridad fueron las más escrutadas por los legisladores pero curiosamente, un asunto crítico como el tema del agro, fue escasamente tratado.
Como ocurre siempre, los legisladores de la oposición fueron los que más utilizaron los mecanismos de control destacándose el despliegue desarrollado por la diputada de colorada de Colonia, Nibia Reich, y la dupla nacionalista Martín Lema (titular de la banca) y José Satdjián (su suplente).
